CONVERGENCIA DE IZQUIERDAS PARTICIPA EN CONGRESO “CONSTRUYENDO ALTERNATIVA”

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Convergencia de Izquierdas informa a la opinión pública su decisión de participar como convocante en el Congreso “Construyendo Alternativa”, originado por iniciativa del Movimiento Autonomista y abierto a toda la comunidad.

Esta decisión se fundamenta en nuestra convicción de contribuir de manera práctica y concreta a la unidad de las fuerzas que buscan crear en Chile una alternativa transformadora al injusto orden económico, social, político y cultural existente.

La determinación ser parte del Congreso “Construyendo Alternativa” fue adoptada con la decisión soberana del 97 % de los que militan en Convergencia, luego de una consulta en la que expresaron su voluntad quiénes están inscritos nuestro padrón.

Invitamos a inscribirse en el sitio WEB www.construyendoalternativa.cl a simpatizantes, amigos y a todas aquellas mujeres y hombres independientes que estén interesados en participar de manera soberana y democrática en las actividades del Congreso Construyendo Alternativa, que tiene el propósito de fundar una nueva organización política con vocación transformadora, para cambiar el injusto orden social.

Convergencia de Izquierdas
Sábado 3 de diciembre de 2016

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No más provocadores en nuestras manifestaciones

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Convergencia de Izquierdas condena sin reparos la acción de elementos del lumpen, que en la manifestación callejera realizada este sábado 21 de mayo utilizaron de manera artera la violencia en el centro de Valparaíso, como consecuencia de lo cual perdió la vida un trabajador. Expresamos nuestro pésame a los familiares del funcionario municipal Eduardo Lara, quien murió luego que desconocidos incendiaran el inmueble que estaba bajo su cuidado.

Estos antisociales se infiltran con sus rostros ocultos en legítimas manifestaciones políticas y sociales, poniendo en riesgo la seguridad de ciudadanos pacíficos, con lo que causan un enorme daño al movimiento popular. Sus actos sirven como excusa para reprimir la legítima protesta social; en circunstancias que la manifestación pública pacífica es un derecho constitucional que debemos defender contra todo intento de quebrantarlo.

Ante la total ineptitud de las autoridades del Ministerio del Interior y la incapacidad de la policía para desbaratar a estos grupos delictuales, que actúan movidos por la frustración y el resentimiento; Convergencia de Izquierdas hace un llamado a los movimientos sociales a defenderse de estas agresiones, impidiendo que en próximas actividades públicas estos piquetes de prácticas fascistas sigan actuando con la impunidad que lo han hecho hasta ahora.

Nueva Mayoría, de la promesa de reformas al Estado policial y la corrupción. 

  
Nueva Mayoría, de la promesa de reformas al Estado policial y la corrupción

 

Tras algo más de dos años de gobierno de la Nueva Mayoría las cuentas no son alegres, la promesa de un programa que “escuchaba a la calle” y las demandas expresadas desde el 2011 en adelante han devenido en micro reformas completamente alejadas del sentir ciudadano. En primer lugar fueron sepultadas las pretensiones de la Reforma Tributaria, que chocaron con la primera piedra de “la cocina”, y posteriormente todas las reformas de aquel programa tan preciado para quienes sinceramente creyeron en el espíritu reformista de la concertación siguieron el mismo destino. Los sectores que se integraron desde la izquierda a la nueva mayoría fueron transformados en totalmente irrelevantes dentro de esa coalición, poniendo en juego su herencia de representante de las demandas populares.

 

Simultáneamente se ha develado las escandalosas redes de corrupción al interior de la élite económica y política, que ya no solo se basan en una ideología neoliberal, sino también por corrupción pura y dura, mostrando la completa carencia de ética presente en esa espuria relación entre política y dinero que ha alimentado el duopolio.

 

Así, un gobierno sin programa y sin dirección política, capturado por los sectores más neoliberales de la coalición en conjunto con una elite desprestigiada, enfrentan la desconfianza y el descrédito ante la ciudadanía, con leyes que buscan asegurarles el control de la población aun a costa de sacrificar la transparencia de la actividad pública, la libertad de movimiento, la presunción de inocencia y la libertad de prensa, al tiempo que buscan cerrar el sistema político con una ley de partidos políticos que dificulta cualquier nueva alternativa distinta al duopolio y que llegue a cuestionar el orden neoliberal que legó la dictadura.

 

Ante esta recomposición conservadora, autoritaria y antidemocrática de la elites gobernantes, Convergencia de Izquierdas declara su más absoluto y total rechazo a la “nueva” detención por sospecha, que no sólo criminaliza una vez más a los marginados, a los pobres, a los migrantes y a las y los postergados, en una de las sociedades más desiguales y segregadas de la humanidad, sino que también coarta la libertad de tránsito de la ciudadanía. Asimismo demandamos un mayor control del actuar policial, junto a su trato con la ciudadanía, en especial con aquellos que se manifiestan en las calles. El ministro Burgos debe responder ante el país por las continuas golpizas y abusos a los que es sometido el pueblo haciendo ejercicio de su legítimo derecho, como aquellos ciudadanos que cotidianamente son afectados por la prepotencia de una policía cuyo trabajo no es fiscalizado ni sancionado. Asimismo demandamos el fin de la militarización de la Araucanía y exigimos el tratamiento del conflicto entre el Estado de Chile y el Pueblo Mapuche como un problema político que debe resolverse por medio del diálogo intercultural. Rechazamos categóricamente la ley mordaza que criminaliza el traspaso de información de las investigaciones penales a la prensa, y que últimamente ha develado los graves casos de corrupción política y su relación empresarial.

 

Este momento de contraofensiva conservadora requiere de las unidad de las fuerzas democráticas y de izquierda tras claras definiciones políticas contra la corrupción, el duopolio y la asamblea constituyente, como ejes articuladores de los hombres y mujeres que luchan por superar el modelo actual de desarrollo, y que desean crear una nueva alternativa política, que reivindique la acción política como una herramienta de transformación social al servicio de las grandes mayorías que habitan chile.

RECHAZAR EL TPP ES UNA EXIGENCIA PATRIÓTICA

Múltiples muestras de rechazo desde diversas organizaciones sociales así como parlamentarios de todos los sectores ha provocado la reciente firma, por parte del gobierno de Bachelet, del “Trans Pacific Partnership Agreement”, más conocido como TPP. Nos sumamos a ese rechazo por las razones que exponemos in extenso en el documento “POR CHILE CONTRA EL TPP” que hacemos llegar.
Esperamos que la extensa exposición que entregamos sea un instrumento útil para una cabal comprensión del TPP, sus disposiciones y sus consecuencias.

Convergencia de Izquierdas

Febrero 2016

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Alguna vez el presidente argentino Arturo Illía dijo: “No le tengo miedo a los de afuera que nos quieren comprar, sino a los de adentro que nos quieren vender”. El cogobierno ilegítimo que mangonea en Chile avanza precisamente en ese propósito: vendernos. Gracias al Tratado Trans Pacífico. Un grupo de patriotas se alza contra esa infamia. Ofrecemos su alegato en contra del TPP. Para que después no digas: “Yo no sabía…”

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POR CHILE CONTRA EL TPP


El tratado “Trans Pacific Partnership Agreement”, conocido como TPP, fue firmado por el gobierno de Michelle Bachelet el pasado 4 de febrero, tal como había propuesto el Presidente Barack Obama de los Estados Unidos, tras siete años de negociaciones secretas.

CONVERGENCIA DE IZQUIERDAS rechaza tajantemente esta conducta pues afecta gravemente los intereses de nuestro país y de su población, por las causas que exponemos a continuación.


1. Rechazamos el TPP por la falta de procedimientos democráticos y transparencia en su negociación.

Este tratado incide de manera significativa sobre una variada gama de materias de las actividades económica, financiera, productiva, ambiental, laboral, sanitaria, entre otras. Pese a ello, no existió debate público durante su negociación y se negó acceso a la información a la ciudadanía, a organizaciones sociales o representantes de las instituciones democráticas, contraviniendo de manera flagrante derechos políticos fundamentales de un sistema democrático asentados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscrito por el Estado de Chile, que otorga a los ciudadanos y ciudadanas, en su artículo 25, el derecho a “participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos”.

En rigor, los únicos que tuvieron oportunidad de opinar fueron los grandes empresarios a través de la figura del Cuarto Adjunto, que en teoría es un espacio abierto de información, diálogo y debate con la sociedad civil y el sector privado que ayuda a definir las posiciones de Chile en sus negociaciones comerciales, pero que en los hechos ha significado una legitimación del lobby empresarial. No se consultó a organizaciones civiles relacionadas con la salud, pese a las trascendentales definiciones del tratado sobre los medicamentos. Pese a que el TPP afectará severamente a los pueblos originarios, tampoco ellos fueron consultados como dispone el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, también suscrito por Chile; ni las organizaciones de defensa del medioambiente ni las organizaciones sindicales, aunque la firma del tratado impondrá importantes efectos sobre la políticas públicas en estos ámbitos. Las organizaciones de la sociedad civil sólo han sido informadas ex post, lo cual es una burla. Es más, la información se negó cuando fue solicitada, lo cual constituye una trasgresión a la normativa nacional sobre acceso a la información pública, ya que nunca existió un acto administrativo presidencial que es el único medio legal que podía declarar secreta la negociación del tratado. Todas estas irregularidades deberían ser motivo suficiente para invalidar el proceso de negociación y considerar ilegítimo este tratado.

2. Rechazamos el TPP porque es absolutamente innecesario, incluso en la estrategia de desarrollo exportadora vigente en Chile.

Este acuerdo es innecesario desde el punto de vista comercial puesto que con todos los países que lo integran están vigentes tratados de libre comercio que contemplan programas de liberación arancelaria, existiendo arancel cero en la mayoría de los casos, con la excepción de algunos pocos productos en un reducido número de países. La Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería (DIRECON) ha insistido en que hay ganancias comerciales, derivadas de la denominada acumulación de origen. Sin embargo, sobre esta materia no se conocen estudios que evalúen sus potenciales beneficios sobre el comercio, el empleo o la producción. En este sentido, la DIRECON, bajo la dirección del socialista Andrés Rebolledo, ha actuado con una falta de seriedad absoluta, pues si este es el gran argumento debiese estar sólidamente respaldado por estudios que permitan medir la magnitud del impacto sobre dichas variables.

En los últimos días la DIRECON ha sacado de la manga dos nuevos argumentos: por una parte afirma que Chile obtendrá acceso para exportar, en esos países, 1.600 nuevos productos nacionales, principalmente carnes de bovinos, cerdos y cítricos, y, por otra parte, señala que en los países signatarios de este acuerdo Chile llegará a tener el 95% de sus productos exentos de arancel.

Entendemos que, respecto del primero de estos nuevos argumentos, la gran mayoría de esos nuevos 1.600 productos desgravados, no son ni nuevos ni productos diferenciados. Esa argumentación se basa en que, muy probablemente, DIRECON contabiliza un producto desagregado por distintos ítems arancelarios, los que además se multiplican por el número de mercados. En efecto, en este tipo de tratados se consideran productos distintos a distintas variedades, por ejemplo, uvas de distintas cepas son consideradas cada una como un bien distinto. A mayor abundamiento, la uva de mesa, que para el sentido común es un solo producto (o a lo más tres: blanca, negra y rosada) en realidad para estos tratados son diez, que corresponden a las 10 variedades que Chile exporta, Perlette, Flame Seedless, Sugraone, Thompson Seedless, Black Seedless, Red Globe, Ribier, Ruby Seedless, Crimson Seedless y Red Seedless. Del mismo modo, las manzanas que son 11 variedades (10 rojas y 1 verde), para estos efectos, se consideran como 11 productos distintos. Así resulta fácil y malicioso decir que 21 productos se incorporan gracias a la nueva situación y se comete un engaño a la buena fe de las personas. Si ellos se multiplicaran por los 11 mercados se amplía el engaño.

Respecto del último argumento, que afirma que el 95% de los productos estará exento de arancel, en primer lugar es necesario que se aclare cuál es ese porcentaje en la actualidad según la DIRECON y, en segundo lugar, conocer qué porción del hipotético aumento del porcentaje desgravado sólo corresponde a la aceleración de desgravaciones ya acordadas.

La teoría económica que ha sustentado la apertura comercial chilena indica la existencia de beneficios atribuibles al comercio, empero, todo muestra que en este tratado la desviación de comercio superará largamente a la creación de éste, lo que constituye, para la misma teoría, una pérdida de bienestar social.

3. Rechazamos el TPP porque limita la soberanía nacional y coarta la capacidad del Estado para adaptarse a los cambios.

Este tratado utiliza, en su capítulo de inversiones, tres componentes fundamentales para limitar la acción pública. Primero, considera que los inversionistas tienen una “expectativa razonable de ganancia”, la que no está sujeta a información, declaración, control ni evaluación por ninguna agencia pública nacional o multilateral; segundo, que cualquier actividad o decisión de un Estado signatario que pudiera afectar esta expectativa constituye una “interferencia pública” que será causa de sanción, y, tercero, un sistema de solución de controversias entre inversionistas extranjeros y el Estado receptor de la inversión a través de tribunales arbitrales al que pueden recurrir los inversionistas cada vez que consideren que alguna política estatal afecta sus expectativas. Si producto de ello un Estado es sancionado por estos tribunales, no sólo deberá pagar la indemnización que se le aplique, sino que deberá remover la causa que dio origen a esa sanción.

Este tipo de mecanismos se viene imponiendo desde hace tiempo en los tratados internacionales de inversión y tratados de comercio que incorporan capítulos de inversión. Permite a las empresas transnacionales situarse en un nivel de igualdad frente a los estados, eludir las leyes del Estado cuestionado y otras normas del Derecho Público Internacional y demandar a los gobiernos para exigir indemnizaciones y la reversión de políticas de interés público. Al aceptar este mecanismo, el Estado signatario del TPP renuncia a su derecho soberano a la jurisdicción dentro de su territorio y deja su potestad legislativa y de regulación social, económica y ambiental sometida al arbitrio de una instancia extrajudicial, cuyas decisiones se sitúan por encima de cualquier otra institución. En efecto, los jueces designados para estos tribunales no rinden cuentas ante ninguna instancia, no están obligados a respetar la jurisprudencia ni sus fallos son susceptibles de apelación, pese a dirimir sobre temas trascendentales para la vida de una nación.

El mecanismo que el tratado estable tiende a favorecer las reclamaciones de las empresas pues se presentan en instancias de arbitraje, en el marco del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), que hoy se encuentran fuertemente cuestionadas por su sesgo en favor de las grandes transnacionales al considerar como base jurídica de sus decisiones solamente los tratados de protección de inversiones, dejando al margen las leyes del Estado acusado y la normativa internacional en materia ambiental, laborales o los derechos económicos, sociales y culturales contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Además, la composición de los tribunales arbitrales favorece a la empresa querellante, la que designa uno de los tres jueces e interviene en la designación del presidente, de entre un listado de abogados cuya objetividad ha sido seriamente cuestionada por estudios que han logrado establecer que existe una verdadera industria del arbitraje que se nutre de los elevados honorarios de estos jueces, que se elevan hasta mil dólares la hora, a lo que se añade el hecho de que mucho de ellos se han desempeñado en grandes multinacionales, lo que constituye un grave conflicto de intereses (1). Razón tiene Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía en 2001, al señalar que “Estos arbitrajes, en su forma actual están realmente controlados por las grandes corporaciones (…) no se trata de una corte justa, es una que está totalmente sesgada a favor de países como EE.UU. y las grandes corporaciones” (2).

Para agravar las cosas, las decisiones de los arbitrajes son inapelables y obligatorias para los Estados, es decir, sus resoluciones no pueden ser revisadas, aun cuando el proceso pueda presentar vicios de
legitimidad y legalidad evidentes.

Por otra parte, el mecanismo de solución de controversias acordado es asimétrico pues los Estados no pueden recurrir a esos tribunales contra las empresas. Tampoco pueden las personas, comunidades u organizaciones que vean vulnerados sus derechos por las actividades de una transnacional hacerse parte de un proceso de este tipo.

Una reciente demanda de la empresa Monsanto al estado de California por reclasificar el glifosato como cancerígeno después de que la Agencia Internacional de la Organización Mundial de la Salud para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) anunció su probable vínculo con esta grave dolencia en marzo de 2015, muestra la conducta de estas empresas y su ética y expone los riesgos de quedar sometidos como Estado a tribunales privados que vean este tipo de reclamaciones.

La situación llega a ser caricaturesca ya que estas empresas pueden declarar, a modo de ejemplo, que su expectativa de ganancia se puede ver afectada con un aumento del sueldo mínimo. Esto que parece una pesadilla para los trabajadores no lo es y ya ocurrió con Egipto producto de un tratado con disposiciones similares.

También se establece la extensión de los beneficios que otorga el TPP a inversiones previamente existentes, lo que significa una suerte de retroactividad de la ley para favorecer a estas empresas transnacionales.

Por otra parte, este tratado limita al Estado de Chile para la creación y funcionamiento de empresas públicas en cualquier materia que puede ser considerada comercial —por ejemplo, para la creación de una empresa destinada a la extracción y producción de litio o una hipotética empresa estatal de producción de energías limpias—, así como para capitalizar con recursos del Estado empresas públicas, como Ferrocarriles. La única excepción que los “negociadores” chilenos resguardaron fue para la actividad de CODELCO, siendo Chile el país que menos excepciones interpuso. En el extremo, las “farmacias populares” pudiesen ser afectadas por el cuestionamiento a su operación a través CENABAST.

Se subordinan así las políticas públicas al criterio de empresas extranjeras, disminuyendo la capacidad de adaptación de los Estados a los cambios de la realidad económica y social.

Este tratado, protege las inversiones de cualquiera naturaleza, aunque afecten un derecho tal como la privacidad de las personas, así por ejemplo el artículo 14.11.2 supone una severa vulneración de la privacidad de las personas al establecer que “Una Parte permitirá las transferencias transfronterizas de información por medios electrónicos, incluyendo la información personal, cuando esta actividad sea para la conducción de un negocio de una persona cubierta”, lo que limita la protección de la información privada de las personas en beneficio de las empresas.

Como se observa, el TPP no sólo es un tratado comercial como ha pretendido la dirección de la DIRECON, sino que es también un tratado de inversiones que favorece a las grandes empresas transnacionales, como si no fuera suficiente el DL 600 de la dictadura pinochetista.

En un contexto donde, como señala la Confederación de Trabajadores del Cobre, al menos en ese rubro, la producción privada en más de un 80% se transforma en retornos del capital, no se justifica semejante sobreprotección a la inversión externa.

4. Rechazamos el TPP porque sus disposiciones sobre propiedad intelectual afectan el interés de Chile y su desarrollo futuro.

Aun cuando el canciller Heraldo Muñoz aseguró, en mayo pasado en la Cámara de Diputados, que Chile no aceptaría extender la protección de datos que restringe la comercialización de fármacos genéricos que contengan o sean productos biológicos a más de 5 años, y Andrés Rebolledo, director general de la DIRECON, ha afirmado que Chile logró defender su posición, el artículo 18.52.1 establece que esa protección será de 8 años o de 5 años más otras medidas que brinden un “resultado comparable” a los 8 años. Así, se está asegurando de forma encubierta, por tres años adicionales, las ganancias monopólicas de las empresas farmacéuticas transnacionales en detrimento de la salud de la población de Chile. De acuerdo a una minuta elaborada por la Subsecretaría de Salud Pública (3) cada año adicional de protección de datos de estos medicamentos significa una pérdida anual de US$ 770 millones para Chile. El tratado recién firmado es tan inhumano con la población que este artículo explícitamente se aplica a productos que sean o contengan “una proteína producida utilizando procesos biotecnológicos para uso en seres humanos para la prevención, tratamiento, o cura de una enfermedad o condición.”

Por otra parte, el acuerdo amplía los criterios de patentabilidad conocidos (que la invención sea nueva, que tenga nivel inventivo y que tenga aplicación industrial), al garantizar la patentabilidad de “nuevos usos de un producto conocido, nuevos métodos de usar un producto conocido, o nuevos procesos de uso de un producto conocido”, lo que probablemente tendrá como resultado la renovación constante de patentes sobre los mismos productos, funcionando en contra de la innovación que se “pretende” fomentar, puesto que las empresas tendrán incentivos para declarar nuevos usos, nuevos métodos y nuevos procesos, en vez de introducir nuevas invenciones que les implican un costo mayor en investigación y desarrollo. (Cap18.37.1).

Este tratado, al extender el ámbito y los plazos de protección de la propiedad intelectual, confirma la tendencia a sobredimensionar el costo de productos farmacéuticos y de otras industrias, impuesta en los Estados Unidos por las grandes corporaciones y sus lobbystas, sobreestimando el costo del tiempo y de la inversión de investigación y, por lo tanto, asegurando ganancias extraordinarias a los detentores de patentes.

Por otra parte, el TPP exige aprobar el convenio UPOV 91. Ya el 17 de marzo de 2014 el gobierno debió retirar del Congreso el proyecto de ley que regulaba derechos sobre los obtentores vegetales, conocido como ley Monsanto, y que materializaba dicho convenio, el cual amplía el sistema de derechos a propiedad intelectual sobre semillas y sus derivados, e implicaba una serie de limitantes en cuanto a que los pequeños agricultores pudieran guardar semillas e intercambiarlas. Sin embargo, este tratado establece en el artículo 18.7.2 que “Cada parte deberá ratificar o adherirse a cada uno de los siguientes acuerdos, en caso de no haberlo hecho todavía, a la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo para dicha Parte: (a)…, (b)…, (c)…, (d) UPOV 91.” Es decir la vigencia de este Tratado supone la plena adscripción a este convenio, lo que implica aprobar, como de contrabando, la denominada ley Monsanto. Cabe señalar que a diferencia de Nueva Zelanda que en el artículo 2 del Anexo 18-A establece que nada la “limitará para establecer medidas que considere necesarias para proteger especies vegetales autóctonas…”, ninguna protección de ese tipo fue establecida para las semillas autóctonas chilenas por los negociadores de la DIRECON.

Adicionalmente, la normativa creada por el TPP sobre marcas no contempla el aseguramiento de nombres autóctonos o de personajes históricos, lo cual puede dar origen a la desnaturalización de ellos o al empobrecimiento cultural de los pueblos. Ya conocemos del caso de una bebida Cola que, por similitud fonética pretendió apoderarse del nombre Colo Colo, lo cual fue desestimado por un tribunal civil, empero no puede asegurarse que, con la constitución de estos tribunales arbitrales ad-hoc que contempla este tratado, ocurra lo mismo para casos similares.

El TPP también impone una limitación en el acceso a la cultura y el conocimiento al establecer la protección de los derechos de autor hasta 70 años después de su muerte (artículo 18.63). Si bien este es el plazo en Chile, el tratado hará imposible cualquier reducción en el futuro. Como señala la ONG Derechos Digitales “Esto se traduce en un beneficio económico directo para Estados Unidos, principal exportador neto de productos y contenidos protegidos por derechos de autor en el mundo, con una fuerte industria de licenciamiento también protegida hasta el exceso.”

Otra consecuencia del TPP es que se recargará el sistema judicial para satisfacer el interés comercial de grandes empresas. Así sucede, al menos, por las disposiciones referidas a la TV privada (cable o señal con pago), al establecer en el capítulo 18.79.1(a) que cada Parte deberá considerar como un delito penal: “(…) la manufactura, ensamblaje, modificación, importación, exportación, venta, arrendamiento o cualquier otro modo de distribución de un dispositivo tangible o intangible o de un sistema si es para realizar o ayudar a descifrar una señal pagada”. O en el punto 2 del mismo artículo, si solo se recibe una señal una señal de satélite codificada portadora de programas.

En el artículo 18.82., en el contexto de la protección de los derechos de autor, cada parte deberá asegurar que existan recursos legales disponibles o limitaciones en relación con los servicios en línea correspondientes a los proveedores de internet, y para sancionar a personas que realicen actividades de almacenamiento de material que se aloje en un sistema o red controlado u operado por o para un Proveedor de Servicios de internet; también para sancionar usuarios que desarrollen la actividad de referir o vincular a usuarios a un sitio en línea mediante el uso de herramientas de búsqueda de información, incluyendo hipervínculos y directorios. Se establece que las leyes deberán disculpar de compensaciones a los proveedores de internet que actúen para proteger los derechos de autor vulnerados. En el punto (3.b) del citado artículo se señala que “Un Proveedor de Servicios de Internet que elimine o inhabilite de buena fe el acceso al material conforme al inciso (a) estará exento de cualquier responsabilidad proveniente de ello” si es que cumple ciertas formalidades.

Lo anterior significa que el proveedor de internet debe actuar “espiando” o a simple denuncia, reemplazando así la función judicial, y cuando se establece que el proveedor debe actuar frente a simple denuncia se hace prevalecer la presunción de culpabilidad, lo que es violatorio de todo tipo de procedimiento civilizado.

Por tanto, este tratado no solo es un tratado comercial y de inversiones, sino también de propiedad intelectual, elaborado de manera de proteger el interés de las poderosas empresas transnacionales.

5. Estamos contra el TPP porque encadena a Chile a una inserción global de servilismo a los EEUU.

Este tratado comercial, de inversiones y de predominio transnacional sobre los elementos de propiedad intelectual, a grandes rasgos supone una alineación geopolítica que perjudica nuestra inserción en nuestros espacios geopolíticos naturales que es en primer lugar el MERCOSUR, así como también con el resto de América Latina.

En segundo lugar, y en un sentido más amplio, produce un alejamiento con los referentes del espacio BRICS (4) acentuando peligrosamente nuestra alineación con la política norteamericana y haciéndonos más dependiente de ella.

Este tipo de geopolítica dificultará futuros acuerdos regionales de Chile en materia de políticas sociales, económicas y culturales, imposibilitando el desarrollo político común de Latinoamérica, y la conformación de un potencial bloque frente a transnacionales y las grandes potencias mundiales.

Por otro lado, tras la crisis global que se detona en 2008, conocida como la crisis subprime, y las crisis recesivas que afectan a varios países europeos, como España, Grecia, Portugal, Irlanda y también Italia, así como la desaceleración del crecimiento chino, se vive un proceso de reestructuración del sistema que pretende salvar la hegemonía de los más poderosos y potentes responsables del orden neoliberal mundial.

En este proceso de salvataje, este tratado cumple un doble rol. De una parte, junto con su homólogo entre EE.UU y la UE, el TT-IP (que ya ha sido rechazado por más de 250.000 berlineses que marcharon en su contra), intenta conformar una nueva élite hegemónica a nivel planetario, que fundada en la propiedad intelectual, comparta con los principales grupos financieros del planeta la hegemonía global. El segundo rol es asegurar la hegemonía norteamericana frente a Rusia y China, buscando además la subordinación estratégica de India y Brasil.

Las condiciones de entrada en vigor del TPP señalan que se deben cumplir todos los trámites de ratificación que exija cada legislación interna de los signatarios, en al menos 6 países, con la condición que representen entre ellos el 85% del PIB de los 12 suscriptores. Si el congreso norteamericano no lo ratifica, aunque los otros 11 países lo hagan, el tratado no entrará en vigencia pues EE.UU por sí sólo representa el 63,4% del PIB de los 12. ¿Es este es el “sentido patriótico” con que negoció la DIRECON? Esto permite darse cuenta de los intereses a los que sirve este tratado.

Más aún, Estados Unidos aprobó el “fast track” para la negociación del TPP, es decir que el Congreso Norteamericano votará sí o no al TPP. Sin embargo, en la legislación que aprobó el fast track se establece que el Presidente de los EE.UU., antes de enviar la carta donde notifica al resto de los miembros que su país ha completado los requisitos legales para la implementación del TPP, deberá certificar que las otras partes han modificado sus legislaciones y/o políticas de manera tal que cumplen con la interpretación que EE.UU. hace de las normas acordadas en el TPP. Es decir, el TPP no entrará en vigencia a menos que EE.UU. apruebe las leyes de los otros países, lo que puede significar el gobierno de EE.UU. mantenga un rol de injerencia en la legislación interna de los estados signatarios mientras se cumplen las condiciones de ratificación, incluyendo demandas que no fueron acordadas durante las rondas de negociación.

Entre otros cuestionamientos, es sabido que Chile está incluido en la “Priority Watch Lists” de EE.UU. por no respetar su interpretación sobre los acuerdos en propiedad intelectual emanados del TLC bilateral, particularmente respecto de la protección a los productos farmacéuticos, resguardo a las medidas de protección tecnológica, de la responsabilidad de los proveedores de internet en relación con la violación de derechos de autor, la implementación de medidas que protejan señales satelitales encriptadas, y la implementación del Convenio UPOV 91. Así, el proceso de certificación estadounidense será la oportunidad en que se obligue a Chile a adoptar su interpretación del TLC, así como la del TPP.

Se configura así un cuadro de consolidación de la subordinación de los intereses nacionales a los del 1% más rico y de agravamiento de las condiciones de vida del 99% más pobre de la población mundial.

6. Rechazamos el TPP porque compromete el desarrollo económico, social y político de Chile.

Cuando el país se debate entre la desconfianza y el rechazo a las formas anquilosadas de la política; cuando en nuestro pueblo crece la sensación de desamparo e indignación frente a la subordinación de la política a los grandes negocios; cuando es fundamental cambiar las cosas para dar un salto democrático y contra las desigualdades, para reconstruir una sociedad tan dañada en sus confianzas como la chilena, con este tratado se privilegian, una vez más, los intereses privados por sobre los de las personas y se debilitan los medios democráticos para decidir sobre su vida.

Ante la precariedad a la que se enfrentan cotidianamente los chilenos en este orden neoliberal, las medidas previstas por este tratado significarán el encarecimiento de los medicamentos, violación de la privacidad de datos personales, obstáculos para la producción alimentaria tradicional, a la vez que restricciones para que el Estado pueda implementar políticas públicas para la protección ambiental, mejorar la salud pública, el régimen laboral o en cualquier otra materia si estas pudieran ser interpretadas como afectación de las ganancias esperadas de las empresas extranjeras. Gravísima resulta la desprotección de derechos fundamentales ya previstos en nuestra legislación y en los convenios internacionales suscritos por Chile.

Este es un tratado que está hecho, en primer término, a la medida de los intereses de las grandes empresas transnacionales, cuyos lobbystas han conseguido que el gobierno de los Estados Unidos obtenga para ellos toda clase de garantías y libertades El responde claramente al diseño estratégico de los EEUU, que intenta sobreponerse a la competencia de las economías emergentes, China en el Pacífico, Brasil en América Latina, Rusia en Europa. Las ventajas para Chile en este alineamiento son más que discutibles siendo China nuestra principal contraparte comercial y Brasil un aliado estratégico en la perspectiva de constituir una alianza latinoamericana de largo plazo.

En segundo lugar responde al interés de las grandes empresas y conglomerados empresariales locales, mientras la sociedad civil permanece ausente de todos sus mecanismos.

En este diseño, queda reforzada la inserción comercial basada en ventajas comparativas estáticas, agroextractivas, tornando estéril un debate nacional acerca del patrón productivo del país y sus efectos distributivos.

El TPP más que desarrollar una economía de mercado, contribuye poderosamente a una corriente de conservadurismo que consolida más una sociedad de mercado pues los diversos ámbitos de la vida, como salud, educación, etcétera se consideran un espacio mercantil. Éste tratado es parte de una estrategia de poner candados al orden existente frente al creciente repudio mundial al status quo.

Resulta evidente que las marginales ganancias comerciales, si existieren, no justifican la vulneración de derechos, la pérdida de soberanía y el compromiso para nuestro desarrollo democrático que el tratado afecta de manera irremediable. No entrar hoy en el TPP carece de costos; en cambio tomar en el futuro la imprescindible decisión de salir no evitará los daños causados. Estas son cadenas que el país no necesita.

Resulta vergonzoso que un acuerdo tan lesivo haya sido firmado por un gobierno que se decía un gobierno de reformas. Ratificarlo significaría subordinar los intereses del 99% de los chilenos a los más poderosos del planeta, un puñado de grandes corporaciones transnacionales.

Por ello CONVERGENCIA DE IZQUIERDAS llama a la ciudadanía y a las fuerzas sociales a defender el interés mayoritario de habitantes de Chile, a movilizarse para evitar la ratificación de este indigno tratado, en particular participar de las convocatorias que realice la agrupación de organizaciones e instituciones CHILE MEJOR SIN TPP. Llamamos a todos los movimientos, organizaciones y partidos políticos preocupados de la soberanía nacional y del bienestar de las grandes mayorías nacionales y populares a rechazar el tratado y a hacer conciencia en la ciudadanía de su real significado y consecuencias. Les pedimos a los parlamentarios votar rechazando este convenio. La historia y las generaciones futuras de habitantes de Chile nos juzgarán.

Por nuestra parte nos comprometemos a insistir en esta patriótica lucha manteniendo la dignidad que nos enseñara el Presidente Salvador Allende frente a esas empresas transnacionales, tan notablemente diferente de la conducta genuflexiva exhibida por este gobierno, cuando en la ONU en 1972, visionariamente entrego un mensaje que hoy adquiere más vigencia que nunca:

“Estamos ante un verdadero conflicto frontal entre las grandes corporaciones transnacionales y los Estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales -políticas, económicas y militares- por organizaciones globales que no dependen de ningún estado y que no responden ni están fiscalizadas por ningún Parlamento, por ninguna institución representativa del interés colectivo. En una palabra, es toda la estructura política del mundo la que está siendo socavada.
Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo sino que su acción avasalladora e incontrolada se da también en los países industrializados donde se asientan”.

CONVERGENCIA DE IZQUIERDAS
Febrero de 2016

(1) “Cuando la injusticia es negocio”. Pia Eberhardt y Cecilia Olivet. Corporate Europe Observatory y Transnational Institute. Bruselas / Amsterdam, noviembre de 2012

(2) El Mercurio, 26.11.2015 http://www.elmercurio.com//Inversiones/Noticias/Fondos-Mutuos/2015/11/26/Stiglitz-instaa-Chile-a-rechazar-TPP-corporaciones-tendran-un-poder-incontrolable.aspx?platform=hootsuite

(3) “Impacto económico y sanitario de la extensión de la protección de datos de productos farmacéuticos biológicos, contenida en el TPP”. Subsecretaría de Salud Pública. Ministerio de Salud.

(4) Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica

FALLO SOBRE GRATUIDAD EN EDUCACIÓN  ACENTÚA ILEGITIMIDAD DE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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Esta semana hemos asistido a un nuevo despliegue de las instituciones dictatoriales que aun rigen el país, torciendo esta vez las decisiones soberanas del Poder Legislativo. El jueves 10 de diciembre el Tribunal Constitucional (TC), órgano político cuoteado entre los bloques del duopolio que nos gobierna, ha actuando en concordancia con su ideología, rechazando por mayoría de votos la glosa planteada por el gobierno como fórmula para avanzar en gratuidad de la educación superior en 2016. La acción del TC y la falta de prolijidad legislativa del Ejecutivo han llevado esta reforma a un callejón sin salida, ya que su decisión de resolver la gratuidad por la vía de una glosa presupuestaria que subsidia a la demanda, significa fortalecer en la práctica en Chile un modelo de educación mercantilizado.

Al respecto declaramos:

1.- Nuestro rechazo a la actuación de los ministros del TC, actuando como tercera cámara y con criterios más políticos e ideológicos que jurídicos, para perpetuar un modelo de educación mercantilizado; basado en el lucro, abuso y autoritarismo que incluye a una mayoría de universidades privadas, de dudosa calidad, que buscan ser financiadas directamente por el erario público, utilizando como excusa la supuesta discriminación de los estudiantes más vulnerables.

2.- Nuestro rechazo al fallo del TC no significa apoyo a la fórmula de gratuidad planteada por el gobierno. En primer término porque ésta demuestra un altísimo grado de improvisación y falta de compromiso con las reformas. En segundo lugar porque establece la gratuidad como un subsidio a la demanda al más puro estilo neoliberal, rehuyendo su responsabilidad con las universidades del Estado. En tercero porque esta “fórmula de gratuidad” se ha hecho a espaldas de la ciudadanía, de los estudiantes y los profesores.

3.- Demandamos del gobierno claridad en los fines perseguidos; entre los cuales está el fortalecimiento de las universidades del Estado, y el financiamiento basal de las mismas, de modo que estas puedan realizar la extensión e investigación que el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país demanda. Exigimos que la gratuidad universal en la educación no se materialice con becas u otro tipo de voucher, y que existan los medios legales y administrativos para asegurar que las instituciones de educación superior privada (universidades, institutos de educación superior o centros de formación técnica) que reciban aportes públicos, sean efectivamente entidades sin fines de lucro, transparentes y democráticas en su gestión.

4.- Hacemos presente que el actuar de la extrema derecha escudada en el Tribunal Constitucional no es más que una brutal muestra de los amarres autoritarios que lastran el desarrollo de nuestra democracia, como consecuencia de una institucionalidad ilegítima, que ha sobrevivido hasta nuestros días gracias a la complacencia de quienes nos han gobernado desde 1990. Esta democracia autoritaria y deslegitimada sólo puede superarse por medio de una nueva Constitución; que establezca una democracia participativa con derechos universales garantizados, y que haya sido originada por una Asamblea Constituyente.

Convergencia de Izquierdas

Santiago, 15 de diciembre de 2015

Frente a la colusión, democracia y Nueva Constitución

Frente a la colusión, democracia y Nueva Constitución

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Las indignantes actuaciones de la élite empresarial chilena, que nuevamente protagoniza un escándalo de colusión de precios, afectando de manera brutal a millones de chilenos y chilenas, lejos de ser hechos puntuales, son parte de una interminable serie de atropellos contra el pueblo chileno en la que se inscriben también la colusión de las farmacias y de los pollos, el abuso institucionalizado de las Isapres y AFP, los estudiantes estafados con el financiamiento de una educación mercantilizada y, en fin, los innumerables pequeños y grandes abusos a los que nos vemos sometidos quienes no pertenecemos a ese 1% de la población que concentra la riqueza producida por todas y todos los que vivimos y trabajamos en Chile.

El delito de cuello y corbata y los múltiples abusos de las grandes empresas no son fenómenos aislados, como nos quiere hacer creer la élite política y su prensa, que recién ahora se muestran escandalizadas. Por el contrario, este es un resultado de la concentración del poder económico y del descarado contubernio del gran empresariado con quienes han ocupado los gobiernos de los últimos 25 años, acuerdos espurios donde a cambio de financiamiento para campañas y partidos políticos se ha ido profundizando el modelo político, económico y social heredado de la dictadura de Pinochet, convirtiendo a Chile en uno de los países más desiguales del mundo. Prueba de ello es que las mismas empresas hoy sorprendidas en actos ilegales han sido las grandes beneficiarias de la privatización del mar, de los recursos mineros y los servicios básicos, de concesiones y franquicias escandalosas y de un sistema legal que obstaculiza la organización y lucha social.

El Cartel del Confort es una clara expresión de este maridaje político-empresarial, ya que mientras las papeleras CMPC y SCA se coluden, el gobierno de la Nueva mayoría pretende la prórroga del DL 701 de 1974 que establece subsidios a las plantaciones forestales, el cual está en la base de la destrucción masiva de nuestro bosque nativo y ha representado un inmenso traspaso de recursos públicos a familias como Matte, dueña de CMPC, y Angelini, es decir, las mismas que financian la política y que gracias a sus prácticas y a los favores recibidos desde el poder pueden figurar orgullosas entre las cien más ricas del mundo.

Por ello, la actual élite política no sólo no da la confianza para controlar los abusos del poder económico, sino que ha mostrado ser parte del problema. Chile no debe seguir soportando más la hipocresía de una clase gobernante que pontifica sobre el bien público mientras ocupa sus cargos para incrementar la riqueza privada.

Como Convergencia de Izquierdas consideramos que la única forma de terminar con este largo historial de injusticias y tropelías sociales, económicas y ambientales pasa por levantar un movimiento social y político que ponga freno a la concentración del poder y la descomposición moral a las que nos ha llevado la actual institucionalidad, abriendo paso a un período de profundización democrática. Nos asiste la convicción de que para construir un país al servicio de sus habitantes, es necesario poner los derechos de las personas y comunidades por sobre los de la propiedad y las empresas en una nueva Constitución que, necesariamente, debe ser discutida y redactada por una Asamblea Constituyente y ratificada en un plebiscito.

En lo inmediato, y ante casos de colusión como los que hemos presenciado y otros que no dudamos se conocerán en el futuro, Convergencia de Izquierdas demanda:

  1. El establecimiento de penas de cárcel efectiva para todos aquellos ejecutivos y dueños de empresas que sabiendo o debiendo saber hayan promovido o amparado por acción u omisión la formación de un cartel.
  2. Multas correspondientes a un porcentaje no menor al 30% de las ventas por el periodo en que se compruebe la existencia de una colusión de precios.
  3. “Pena de muerte” para aquellas empresas que reincidan en prácticas de colusión de precios, es decir, el desmantelamiento de las mismas y su división en unidades productivas menores e independientes entre sí.

Respecto de la colusión del papel higiénico demandamos:

  1. Que se apliquen las penas más severas posibles a los responsables, incluidas las multas en los rangos más altos que contemple la Ley.
  2. Cese efectivo e inmediato de los subsidios estatales a las empresas coludidas y derogación del DL 701.

Convergencia de Izquierdas, 9 de noviembre 2015

CONVERGENCIA DE IZQUIERDAS SALUDA FRATERNALMENTE EL TRIUNFO DE CRECER-UC

Crecer UC

 
Convergencia de Izquierdas saluda con alegría el triunfo de la lista CrecerUC en la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, un hecho histórico en este centro de estudios que pone de manifiesto el vigor de las propuestas transformadoras que buscan superar el sistema político y social prevaleciente en nuestro país.
 
Estamos seguros de que el país y la comunidad educativa encontrarán en esta renovada Federación el liderazgo que se necesita para impulsar una verdadera reforma democratizadora para la educación chilena y recuperar la pujanza con que la sociedad chilena demandó el 2011 cambios radicales en un sistema orientado al lucro, demanda hoy traicionada por las promesas cada día más deslavadas de la Nueva Mayoría.
 
Felicitamos a las fuerzas de izquierda de la FEUC, que supieron interpretar correctamente las necesidades del actual momento y con responsabilidad y compromiso democrático lograron construir las bases de la unidad que les abrió camino al triunfo que hoy celebramos. Asimismo, felicitamos al NAU por la demostración de solidaridad y vocación unitaria de las fuerzas del cambio al dar su apoyo a los compañeros y compañeras de CrecerUC de cara a la segunda vuelta.
 
Hacemos un llamado a la izquierda chilena y a todas las fuerzas de cambio a tomar este ejemplo que nos dejan los compañeros de Crecer y del NAU para acometer, con generosidad y altura de miras, la construcción de la unidad política y programática tan necesarias para levantar una alternativa transformadora capaz de ofrecer al país un camino hacia un sistema verdaderamente democrático, justo y solidario.
 
CONVERGENCIA DE IZQUIERDAS
6 de Noviembre 2015

Las Fuerzas Alternativas de La Reina y el Proceso Constituyente para dotar a Chile de una nueva Constitución

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Las Fuerzas Alternativas de La Reina y el Proceso Constituyente para dotar a Chile de una nueva Constitución

FALR

Ante el reciente anuncio realizado por la Presidenta Michelle Bachelet sobre las etapas, contenidos y cronograma del Proceso Constituyente, para elaborar y aprobar una nueva constitución para Chile, el cual forma parte de los compromisos programáticos de su gobierno, manifestamos nuestras legitimas y fundadas dudas, como indicaremos más adelante, que su implementación conduzca a un proyecto de Nueva Constitución, que efectivamente siente las bases para un cambio sustantivo del actual sistema político y modelo neoliberal de desarrollo económico, social y cultural, como demanda la mayoría de los chilenos.

Ante este escenario, creemos necesario ampliar y profundizar la construcción de fuerza social, con capacidad orgánica y presencia a nivel local, que impulse el cambio de la actual Constitución, mediante una Asamblea Constituyente como el único mecanismo legítimo para elaborar una nueva constitución, en tanto, representa el poder constituyente original, la soberanía popular.

¿En qué se fundamentan nuestras dudas sobre el anunciado Proceso Constituyente?

En primer lugar se señala que el proceso será democrático, lo cual en la realidad consideramos a lo menos insuficiente, pues se desarrollará en el marco de la actual constitución, que aún contiene mecanismos que obstaculizan o limitan el pleno ejercicio de la democracia. En segundo lugar que será institucional, con la intervención del actual congreso, cuya credibilidad y confianza de la ciudadanía no supera el 3 %, derivada del sistema binominal e influencia evidente en sus determinaciones de los poderes económico, lo cual no da garantía que se respalden las propuestas y demandas del pueblo, y de un futuro parlamento, elegido con un nuevo sistema electoral algo más representativo pero que, de continuar la alta abstención, igualmente pondrá en duda su legitimidad y representación de las mayorías. Por último, que contará con la participación de la ciudadanía, a través diálogos comunales y regionales, que no serán vinculantes, por lo que las propuestas y conclusiones que de ellos emanen podrían no ser consideradas en la elaboración del proyecto de Nueva Constitución que el ejecutivo redactará y que la presidenta presentará al congreso.

Nuestras dudas y desconfianzas se basan también en la falta de claridad y las ambigüedades de los mecanismos de participación, que se darán en un ambiente de democracia restringida, en el que hemos vivido durante esta prolongada transición, dominado además por un discurso público homogéneo y con una visión parcial, impuesto por los medios de comunicación masivos, y en un marco de institucionalidad política regida por la actual constitución neoliberal, hegemonizado por una oligarquía política y económica conservadora y retardataria de cambios que favorezcan a la inmensa mayoría de nuestros compatriotas.

Qué mejor ejemplo de esto último que las declaraciones realizadas por el presidente de la UDI, con motivo del anuncio presidencial, quien advirtió: Se nos ha dado garantías de que antes de cambiar el capítulo de la reforma, se va a conocer el contenido del proyecto que el gobierno va a presentar. No vamos a darle al gobierno un cheque en blanco. Los 2/3 son la garantía de que no se va a imponer una Constitución que, a lo mejor, no es lo que los chilenos quieren”. Y en el mismo sentido, la tranquilidad manifestada por el gran empresariado por el desarrollo del Proceso Constituyente, en especial después la visita de Michelle Bachelet y su equipo político al Centro de Estudio Público (CEP), podría ser un signo de garantías como las señaladas por el presidente de la UDI.

Creemos necesario hacer un poco de historia, pues ello nos permitirá reconocer cómo han evolucionado las fuerzas que imponen el orden actual y las fuerzas del cambio democrático. En efecto, Eduardo Frei Montalva en su discurso pronunciado en el Teatro Caupolicán en agosto de 1980, junto con denunciar el carácter ilegitimo y antidemocrático de la constitución pinochetista, propuso como verdadera alternativa para elaborar un proyecto de Constitución auténticamente democrático, elegir por votación popular una Asamblea Constituyente u otro organismo genuinamente representativo de todas las corrientes de opinión nacional. Tal aspiración fue olvidada cuando en 1989 la Concertación pactó con Pinochet y la derecha lo que sería la transición que vivimos hasta hoy, y ha incluido desde su inicio en sus programa de gobierno sólo reformas a la constitución, eliminando toda posibilidad de elaborar una nueva, las cuales como ya se mencionó no han sido suficientemente profundas para cambiar su carácter neoliberal.

El cambio constitucional que hoy se ha instalado con fuerza, no ha sido una graciosa concesión de las elites dominantes, ha sido un largo proceso de movilizaciones con menor o mayor nivel de convocatoria, que fue incorporando a distintos grupos y organizaciones de la vida nacional, y que llegó a una máxima expresión de la mano de las movilizaciones estudiantiles del año 2011 y durante la campaña presidencial del año 2013.

En consecuencia, llamamos a la unidad de todas las organizaciones, agrupaciones, partidos y movimientos políticos e independientes que promueven activamente el cambio constitucional a través de una Asamblea Constituyente, como asimismo a los militantes y simpatizantes de los partidos que hoy conforman las 2 principales coaliciones políticas, y que abrazan este mismo objetivo, para que juntos ampliemos una Fuerza Social Constituyente capaz de empujar los cambios que la sociedad chilena reclama y necesita para construir un mejor país.

Vemos una oportunidad en el proceso constituyente que se inicia, pues nos permite ocupar espacios para activar la participación y discusión política en el seno del pueblo, que cada vez más se interesa por abrir esferas de deliberación y decisión, integrando y ampliando la discusión a mayores sectores de la ciudadanía, así como también romper el cerco informativo que imponen los medios de comunicación masiva, en poder de grupos económicos.

“Que el pueblo por primera vez entienda que no es desde arriba, sino desde las raíces mismas de su propia convicción de donde debe nacer la Carta Fundamental que le dará existencia como pueblo digno, independiente y soberano”

Salvador Allende

La Reina, 20 de octubre de 2015

5 de octubre, la Democracia de la Dictadura

5 de octubre, la Democracia de la Dictadura

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       El 06 de octubre de 1988 millones de ciudadanos colmaron las calles de Santiago liberando una celebración que venía contenida desde el comienzo de la dictadura. Ese día hombres y mujeres, jóvenes y viejos celebraban el inapelable triunfo electoral que le decía NO a la dictadura y sus horrores, triunfo que se debe al esfuerzo y resistencia a la tiranía que ejercieron miles de compatriotas dentro y fuera de Chile, por distintos medios y en los distintos lugares de trabajo, de estudio y especialmente en las poblaciones. El movimiento popular fue acompañado por la acción de los partidos y organizaciones políticas democráticas, quienes enfrentaron el horror y derrotaron a la dictadura con el objetivo de construir un nuevo Chile democrático y solidario.

A 27 años del triunfo del NO en el Plebiscito de 1988, podemos constatar que la salida de Pinochet y sus cómplices civiles y militares solo significó su reemplazo por una camarilla de dirigentes políticos dispuestos a sostener por cualquier medio el modelo económico y social heredado. Para ello no dudaron en legitimar la Constitución de 1980 negociando, en 1989, unas reformas que sólo consiguieron dificultar cualquier modificación sustancial de la misma; desmantelaron el tejido social que hizo posible el triunfo del NO, transformando al ciudadano en cliente dependiente de las dádivas del estado neoliberal y sus políticas focalizadas que perpetúan una vergonzosa desigualdad; condonaron las deudas tributarias de El Mercurio, evitando de ese modo su quiebra y desaparición, al mismo tiempo que estrangulaban a los medios independientes y de izquierda que fueron indispensables en la articulación de la lucha contra la dictadura.

Pero la traición de la concertación, a lo largo de sus cuatro gobiernos, también fue acompañada de desarticulación y represión social para profundizar este modelo individualista, desigual y depredador del medio ambiente, constituyéndose junto a la derecha pinochetista en una camarilla político-empresarial dispuesta a despojar al pueblo de sus derechos, entregando al país y sus recursos gratuitamente a manos de transnacionales y traspasando miles de millones de pesos del erario público a manos de sus patrones empresariales. Lo mismo ocurre con los recursos de los trabajadores en las ISAPRES y AFP, quienes son condenados a un régimen laboral cercano a la esclavitud y a una vejez en la miseria. Todo esto acompañado de un vergonzoso financiamiento empresarial de la actividad política, que busca mantener el Statu Quo, hoy investigado por el Ministerio Público en los casos PENTA y SQM, punta del Iceberg del oscuro contubernio entre el dinero de la oligarquía y la camarilla política.

                  Ante esta realidad sostenemos:

  1. Ningún cambio sustancial al modelo neoliberal puede conseguirse sin una nueva Constitución democrática que reemplace la institucionalidad autoritaria heredada de la dictadura cívico-militar.
  2. La nueva Constitución sólo puede ser construida por medios democráticos y de efectiva participación ciudadana.
  3. Es tarea de todos quienes aspiramos a conquistar una democracia radical y participativa construir una alternativa política que encarne las aspiraciones y demandas de las grandes mayorías y que dispute el poder a la camarilla político empresarial que lleva 25 años en el gobierno.

                  En la construcción de la mayoría política y social que permita superar la institucionalidad neoliberal, apostamos a recuperar el espíritu popular, ciudadano y participativo que caracterizó a la movilización social que devino en el triunfo del 05 de octubre de 1988, demandando igual que ayer, una profunda transformación de Chile en un país democrático, solidario, inclusivo, multicultural, plurinacional y respetuoso del medio ambiente.

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EL DESTINO COMÚN DE CHILE Y BOLIVIA ES LA INTEGRACIÓN Y HERMANDAD DE LOS PUEBLOS

  

 

Santiago, viernes 25 de septiembre de 2015

 

Más allá de las resoluciones jurídicas de la Corte de La Haya o de estrategias políticas y comunicacionales de sus respectivos gobiernos, consideramos una necesidad ineludible la reanudación del diálogo entre Chile y Bolivia, en torno a una real política de integración entre nuestras naciones y respetando los intereses territoriales de cada uno, para establecer una paz duradera y mutuamente beneficiosa.

 

Asumiendo una clara conciencia socialista y latinoamericanista, Convergencia de Izquierdas considera que el camino natural entre dos pueblos, hermanados por una historia común desde los tiempos precolombinos, es el diálogo en torno a los múltiples intereses que nos unen y a las oportunidades que se abren para estrechar nuestros destinos en un camino común.

 

Nos sentimos parte de este gran universo indo-euro-afro-americano, diverso y multicultural, que ha visto frustradas durante más de 200 años sus aspiraciones de vivir una auténtica emancipación del colonialismo y el neocolonialismo. Todavía seguimos siendo el patio trasero de las grandes potencias del mundo desarrollado, que nos mantienen enfrascados en disputas territoriales generadas por los mezquinos intereses de las oligarquías nacionales, mientras las fuerzas imperialistas hasta hoy saquean de manera inmisericorde nuestras riquezas básicas. El verdadero conflicto no debe plantearse nunca entre pueblos hermanos, sino con quienes los han desposeído han mercantilizado sus derechos sociales y depredado los bienes comunes, como el mar, para beneficio privado.

 

Llamamos a los gobiernos de Chile y Bolivia a dar un paso adelante en nuestras relaciones bilaterales, poniendo como eje y de cara al futuro, los problemas reales que nos aquejan, como la desigualdad, la pobreza y las carencias en educación y salud para nuestros pueblos.

 

Abramos desde ahora un diálogo en todos los niveles, en la perspectiva de encarar cualquier conflicto geopolítico en el marco de una real integración política y económica, para lograr un salto colaborativo hacia el futuro, como el que soñaron nuestros próceres de la independencia.

 

Convergencia de Izquierdas