EMPRESARIOS Y POLÍTICOS CORRUPTOS SON RESPONSABLES  DE CRISIS MEDIOAMBIENTAL DE SANTIAGO

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Lunes 18 de abril de 2016

El sistema frontal que azota Santiago ha puesto dolorosamente en evidencia las grandes responsabilidades económicas y políticas asociadas a un desarrollo urbano público entregado al mercado y los intereses privados.

Grandes empresas, que se beneficiaron con la fiebre privatizadora de servicios durante los gobiernos de la Concertación y la Alianza, aparecen ahora comprometidas con lo ocurrido en Santiago producto de las precipitaciones. En primer lugar, Aguas Andinas es responsable del corte de abastecimiento de agua para más cuatro de millones de personas como resultado de no haber efectuado las inversiones necesarias para afrontar la presencia de turbulencias en los cursos de agua, situación natural y previsible en nuestro país. Se demuestran así falaces los argumentos esgrimidos por el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle hace 20 años para entregar a manos privadas la Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias (EMOS), bajo el pretexto de la incapacidad del Estado para realizar las inversiones necesarias para garantizar este servicio básico a la población.

Tampoco ha habido un proceso de control público a esa empresa. Como ha revelado la prensa. En cinco años Aguas Andinas realizó pagos a fundaciones y centros de estudios de la Nueva Mayoría y la Alianza por un monto cercano a los $ 422 millones, además de cerca de $ 415 millones por consultorías de dirigentes de esas coaliciones. Cabe señalar que más o menos en el mismo período (2010-2014) las utilidades de la empresa sumaron $ 572.000 millones.

Aguas Andinas no es la única empresa privada responsable de este desastre urbano. También han influido directamente en el corte del suministro de agua potable los crecientes movimientos de tierra que realizan grandes compañías mineras, constructoras e hidroeléctricas en la alta cordillera aledaña a Santiago, que contribuyen de manera directa a provocar los aludes ocurridos en los sectores El Yeso y Las Amarillas y al aumento de la turbiedad del agua en cerca de 700 veces más que lo habitual. Se debe esclarecer las responsabilidades de cada uno de ellos, en particular, la construcción de Alto Maipo, en donde la Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo ha insistido hasta la saciedad en los riesgos provocados por la empresa del consorcio Luksic, sin ser escuchada por las autoridades.

Adicionalmente, con su actuar irresponsable, la concesionaria de la Autopista Costanera Norte ha aportado también su parte a esta crisis sanitaria, al bloquear con instalaciones el curso natural del rio Mapocho, provocando la inundación de algunos sectores de la comuna de Providencia con este desvío artificial de su cauce. Su contratista Sacyr y ella deben dar cuenta de sus actos.

Los hechos denunciados, nos llevan a buscar también a los responsables políticos de lo ocurrido entre los sucesivos gobiernos del país que han descuidado gravemente sus responsabilidades como autoridades en materias normativas y en el control de la actividad de estas empresas privadas. La colusión entre grandes poderes económicos corruptores y políticos corruptos nos permite sospechar de manera fundada que muchas de estas omisiones o faltas de las autoridades han tenido su origen en la comisión de delitos como el soborno, el cohecho o el tráfico ilícito de influencias por dinero.

Es necesario impedir que este tipo de situaciones sigan ocurriendo y las empresas deben asumir íntegramente sus responsabilidades legales, incluyendo la eventual comisión de delitos. Luego de conocer las graves consecuencias que ha traído para la población de Santiago la privatización de ésta empresa sanitaria, consideramos urgente reconvertir Aguas Andina y su red en una empresa del Estado y garantizar en los hechos y efectivamente que el agua sea un bien nacional de uso público de propiedad de toda la Nación.

Tenemos la convicción de que la actual crisis política, económica, social y ambiental solo podrá superarse cuándo la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas nos organicemos de manera colectiva y participativa para buscar en forma autónoma las soluciones a los problemas que nos aquejan.

Convergencia de Izquierdas

Nueva Mayoría, de la promesa de reformas al Estado policial y la corrupción. 

  
Nueva Mayoría, de la promesa de reformas al Estado policial y la corrupción

 

Tras algo más de dos años de gobierno de la Nueva Mayoría las cuentas no son alegres, la promesa de un programa que “escuchaba a la calle” y las demandas expresadas desde el 2011 en adelante han devenido en micro reformas completamente alejadas del sentir ciudadano. En primer lugar fueron sepultadas las pretensiones de la Reforma Tributaria, que chocaron con la primera piedra de “la cocina”, y posteriormente todas las reformas de aquel programa tan preciado para quienes sinceramente creyeron en el espíritu reformista de la concertación siguieron el mismo destino. Los sectores que se integraron desde la izquierda a la nueva mayoría fueron transformados en totalmente irrelevantes dentro de esa coalición, poniendo en juego su herencia de representante de las demandas populares.

 

Simultáneamente se ha develado las escandalosas redes de corrupción al interior de la élite económica y política, que ya no solo se basan en una ideología neoliberal, sino también por corrupción pura y dura, mostrando la completa carencia de ética presente en esa espuria relación entre política y dinero que ha alimentado el duopolio.

 

Así, un gobierno sin programa y sin dirección política, capturado por los sectores más neoliberales de la coalición en conjunto con una elite desprestigiada, enfrentan la desconfianza y el descrédito ante la ciudadanía, con leyes que buscan asegurarles el control de la población aun a costa de sacrificar la transparencia de la actividad pública, la libertad de movimiento, la presunción de inocencia y la libertad de prensa, al tiempo que buscan cerrar el sistema político con una ley de partidos políticos que dificulta cualquier nueva alternativa distinta al duopolio y que llegue a cuestionar el orden neoliberal que legó la dictadura.

 

Ante esta recomposición conservadora, autoritaria y antidemocrática de la elites gobernantes, Convergencia de Izquierdas declara su más absoluto y total rechazo a la “nueva” detención por sospecha, que no sólo criminaliza una vez más a los marginados, a los pobres, a los migrantes y a las y los postergados, en una de las sociedades más desiguales y segregadas de la humanidad, sino que también coarta la libertad de tránsito de la ciudadanía. Asimismo demandamos un mayor control del actuar policial, junto a su trato con la ciudadanía, en especial con aquellos que se manifiestan en las calles. El ministro Burgos debe responder ante el país por las continuas golpizas y abusos a los que es sometido el pueblo haciendo ejercicio de su legítimo derecho, como aquellos ciudadanos que cotidianamente son afectados por la prepotencia de una policía cuyo trabajo no es fiscalizado ni sancionado. Asimismo demandamos el fin de la militarización de la Araucanía y exigimos el tratamiento del conflicto entre el Estado de Chile y el Pueblo Mapuche como un problema político que debe resolverse por medio del diálogo intercultural. Rechazamos categóricamente la ley mordaza que criminaliza el traspaso de información de las investigaciones penales a la prensa, y que últimamente ha develado los graves casos de corrupción política y su relación empresarial.

 

Este momento de contraofensiva conservadora requiere de las unidad de las fuerzas democráticas y de izquierda tras claras definiciones políticas contra la corrupción, el duopolio y la asamblea constituyente, como ejes articuladores de los hombres y mujeres que luchan por superar el modelo actual de desarrollo, y que desean crear una nueva alternativa política, que reivindique la acción política como una herramienta de transformación social al servicio de las grandes mayorías que habitan chile.